De París a Oaxaca: cómo un plan de vigilancia deficiente mató un proyecto eólico de cientos de millones de dólares

Las multinacionales deben responder por las violaciones de derechos humanos y los daños graves a la salud, la seguridad y el medio ambiente que ocurren en su cadena de actividades. Esta obligación no se limita a sus acciones, sino que alcanza lo que pudieron prevenir y no previnieron. En Francia esa obligación tiene un artículo: el plan de vigilance, art. L. 225-102-1 del Code de commerce (antiguo L. 225-102-4, renumerado por la ordonnance n° 2023-1142 del 6 de diciembre de 2023, vigente desde el 1 de enero de 2025).

La tendencia mundial apunta en una sola dirección: la responsabilización primaria de la sociedad matriz. Su poder económico y de negociación determina el comportamiento de filiales y proveedores deslocalizados donde la regulación es más laxa y los salarios más bajos. Esa deslocalización produce con demasiada frecuencia daños ambientales y violaciones de derechos humanos, y durante décadas la matriz se excusó diciendo que no lo sabía.

Bhopal y Rana Plaza rompieron esa excusa, y Francia fue el primer país en convertirla en norma. La loi n° 2017-399 del 27 de marzo de 2017 impuso a la matriz establecer y aplicar de manera efectiva un plan de vigilancia que cartografíe los riesgos de sus actividades y de las de sus filiales, subcontratistas y proveedores con relación comercial establecida. Y subrayó que el incumplimiento de este deber compromete su responsabilidad y la obliga a reparar el perjuicio que el cumplimiento efectivo de esas obligaciones habría permitido evitar (art. L. 225-102-2, que remite a los arts. 1240 y 1241 del Code civil).

El caso Gunaa Sicarú

El parque eólico Gunaa Sicarú muestra el alcance de esa obligación. Previsto sobre tierras comunales de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, en México, contemplaba 115 aerogeneradores y 300 MW. Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V., filial mexicana de EDF Renewables, lo impulsó desde 2011 negociando con algunos comuneros, sin una consulta que respetara el consentimiento libre, previo e informado que obligan a México el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 de la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana (Corte IDH, Sarayaku vs. Ecuador, 27 de junio de 2012).

El resultado fue doble. En México, los amparos promovidos por la comunidad y ProDESC frenaron el proceso de consulta; en junio de 2022 la CFE canceló los contratos de suministro con EDF y la Secretaría de Energía informó al juzgado de distrito que conocía del litigio en Oaxaca que el procedimiento había quedado sin materia. El proyecto murió. La versión oficial de la Sener justificó la cancelación por la inviabilidad técnica del proyecto. No obstante, esa inviabilidad llegó después de cinco años de amparos, suspensiones judiciales y una consulta que nunca alcanzó quórum: una decisión que se limitó a sepultar un proyecto que ya estaba muerto. En Francia, el 13 de octubre de 2020, representantes de Unión Hidalgo, ProDESC y el ECCHR emplazaron a EDF ante el tribunal judiciaire de París, no para obtener indemnización, sino para que se ordenara a la matriz cumplir su deber de vigilancia. Inadmisible en primera instancia el 30 de noviembre de 2021, la acción fue admitida en apelación el 18 de junio de 2024.

Dos obligaciones distintas

Conviene distinguir dos obligaciones que suelen confundirse: una preventiva, establecer y aplicar el plan; otra reparadora, responder de los daños que el plan habría evitado. La primera ya no es teórica. En un litigio próximo y paralelo, el 25 de junio de 2026 la 34ª sala del tribunal judiciaire de París declaró incompleto el plan de TotalEnergies por no incluir sus emisiones de alcance 3, le ordenó completarlo en seis meses con ejecución provisional y se reservó el control de los complementos que se aporten al plan. Es la primera vez que un juez ordena a una empresa del CAC 40 reescribir su plan. TotalEnergies apeló el 27 de julio de 2026.

Igual de importante es lo que el tribunal no hizo. No impuso multas, porque no existen: el Conseil constitutionnel anuló la amende civile en la decisión n° 2017-750 DC del 23 de marzo de 2017. Tampoco fijó objetivos de reducción de emisiones. El juez no dirige la estrategia de la empresa; verifica que su plan sea completo, coherente y efectivo.

Un deber que no nació en Francia

Es necesario recordar que el deber de vigilancia tampoco es un invento francés. Nació como obligación de los Estados frente a la contaminación transfronteriza, el arbitraje de la Fundición de Trail (Estados Unidos c. Canadá, laudo de 1941), y la Corte Internacional de Justicia lo consolidó como deber de diligencia debida en Papeleras del río Uruguay (Argentina c. Uruguay, 2010). La Corte Interamericana lo proyectó sobre la jurisdicción extraterritorial en la OC-23/17. La ley de 2017 cumple, en ese sentido, una obligación internacional que recae sobre el propio Estado francés.

En este sentido, Europa quiso generalizarla con la directiva (UE) 2024/1760, inspirada en el modelo francés. Sin embargo, posteriormente la directiva (UE) 2026/470 (el paquete Ómnibus, vigente desde el 18 de marzo de 2026) elevó los umbrales a 5.000 empleados y 1.500 millones de euros, limitando el alcance de la directiva de 2024 y, sobre todo, suprimiendo el régimen armonizado de responsabilidad civil. El deber se mantiene, pero el remedio europeo se contrae.

Para una empresa, no se trata de una preocupación moral, sino de riesgo corporativo. En Unión Hidalgo, la vigilancia que no se hizo en París no terminó en una condena francesa: terminó en un proyecto de 300 MW cancelado en Oaxaca y años de litigio en dos jurisdicciones. El plan de vigilancia es obligatorio, es revisable en detalle y ya se está revisando. Adaptarse cuesta menos que perder el activo.